LA MASACRE URBANA DE ÑUÑOA

La Red Ciudadana Por Ñuñoa es una organización de vecinos que nace en reacción a la voraz destrucción de los barrios de la comuna durante los últimos 4 años, lo que hemos denominado la MASACRE URBANA DE ÑUÑOA, debido a la imposición por parte del alcalde Pedro Sabat de políticas urbanas municipales centradas en el negocio inmobiliario, sustentadas tanto por el boom del mercado de la construcción de la última década como por la laxidad de la legislación en materia de urbanismo, participación ciudadana y de evaluación medioambiental del país.

Hoy son más de 300 las torres emplazadas sobre nuestros barrios, calificados en el año 2005, como los de mejor calidad de vida de todo el país, por un estudio del gobierno.

300 torres de 100 y más viviendas promedio, lo que equivale a alrededor de 30 mil viviendas, 120 mil habitantes y 50 mil vehículos más para Ñuñoa. En donde no se han construido nuevos parques, centros de salud, colegios, servicios diversos, redes sanitarias, ni viales adecuadas, para absorber minimamente al doble de la población que Ñuñoa tenía el año 2002.[1]

Los impactos son variados y muchas veces inconmensurables, pero el mayor daño, a nuestro entender, es la destrucción de la memoria colectiva, a través de la desaparición de una cultura de vida de barrio expresada por formas urbanas que nuestra comunidad se dio para sí, a través de su historia, lo que propició el encuentro y el intercambio social y de vecindad a escala humana.

Cuando hablamos de masacre urbana, nos referimos a ese fenómeno. Es una política de exterminio, de tabla rasa, de tierra quemada del territorio en donde se asienta un pueblo y su cultura. En este caso, nuestra comuna de Ñuñoa.

Cuando ya no reconocemos una esquina, porque ya no está el sastre, la iglesia o el zapatero de antaño; cuando ya no podemos detenernos a conversar en nuestras calles bajo la sombra de un árbol con la vecina, porque han ensanchado esa calle y talado ese árbol; cuando ya no nos podemos escuchar porque vehículos veloces, contaminantes y bulliciosos surcan nuestras calles sin tregua; cuando invitamos a nuestros amigos a compartir un asado en nuestros patios y somos observados por miles de ojos que hieren nuestra privacidad desde las alturas; cuando nuestros niños ya no sienten ganas de salir a compartir con sus amigos a la plaza, porque el sol ya no calienta como antes al atardecer, debido a los chiflones de aire frío y sombra proyectada de las torres que flanquean nuestros barrios; cuando nuestros ancianos -los que se atreven-caminan trémulos por las calles, expuestos a todo tipo de peligros. Y cuando por último, vemos que el saludo ya no es una práctica de buena vecindad, porque simplemente ya no nos reconocemos unos a otros, quiere decir que Ñuñoa ya no existe y que ha sido irremediablemente reemplazada por otra.

[1] El último censo de población del año 2002 arrojó 120 mil habitantes para Ñuñoa.

*************

Declaramos ante el país nuestro más enfático llamado a revertir el profundo estado de crisis de la actual institucionalidad de gobierno a cargo de la planificación territorial y de desarrollo urbano a nivel nacional.

Luego de que el país heredara tras la dictadura militar una concepción mercantilista de desarrollo, llegando al actual estado de devastación urbana y de depredación del medioambiente a lo largo de todo el territorio nacional, hoy el gobierno en democracia intenta hacer aprobar ante el Parlamento un proyecto de legislación urbana inconsulto, que esconde una radical liberalización del suelo urbano y rural del país.

Chile necesita una ley de Urbanismo que:

1. Garantice la participación de la comunidad desde el inicio de las propuestas de planificación regional y local, entregando plenas garantías de respeto a la voluntad ciudadana, de modo de alcanzar consensos sobre los ejes rectores que la comunidad proyecta para su región, ciudad, comuna y barrios.

2. Considerar que el territorio debe ser ordenado con urgencia en concordancia con un estilo de desarrollo humano, sustentable y equitativo que permita construir valores democráticos y una justicia socio-espacial.

3. Inhiba la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano.

4. Incorpore la realización de Estudios de Impacto Ambiental, Vial y Social para cada modificación de la planificación urbana, y respecto a la viabilidad de las propuestas, que éstas sean sometidas y consensuadas con la comunidad previo a la discusión y aprobación del concejo municipal.

5. Garantice la prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, y recuperación de vertientes, para ampliar y proteger los espacios verdes.


6. Incorpore como herramienta corriente de arbitrio la realización de plebiscitos comunales, para dirimir conflictos de interés entre la comunidad y el gobierno local, facilitando su realización, sin costo para sus convocantes.

7. Modifique la administración de los gobiernos regionales, democratizando a través del voto directo la ascensión a cargos de intendentes, consejeros y gobernadores provinciales.

8. Incorpore instancias de fiscalización autónoma de la gestión de Directores de Obras Municipales, tal como el defensor del pueblo.

Exigimos un amplio debate público a nivel nacional, que conduzca a una propuesta consensuada sobre las bases conceptuales del espíritu de una nueva legislación urbana para el país, centrada en una concepción humanista y sustentable de desarrollo urbano y de planificación del territorio, que pueda resolver en forma responsable e integral la actual crisis urbana de las ciudades, así como la grave depredación medioambiental generalizada del país.